Santa Ley de Suelo, azote de los especuladores

El pasado día 10 de mayo todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados, con la excepción del Partido Popular (of course), aprobaron una de las leyes estrella del programa electoral del PSOE: la Ley de Suelo. La nueva legislación es una clara apuesta por proteger a la ciudadanía de la especulación urbanística y de los desequilibrios del mercado inmobiliario, a través de la construcción de vivienda protegida (en propiedad y en alquiler) y el diseño de pueblos y ciudades con un desarrollo sostenible. La Ley de Suelo da un impulso a la política social de vivienda para solucionar el problema de acceso a la misma de colectivos como el juvenil, y también será una herramienta muy útil para frenar la corrupción urbanística que está aflorando ahora más que nunca.

Para los agoreros, habría que puntualizar que la Ley de Suelo no es una iniciativa propagandística ni demagógica que parezca la panacea de todos los problemas urbanísticos. Se trata de una normativa que deroga otra preexistente, la Ley 6/1998, de 13 de abril, de régimen del suelo y valoraciones, aprobada por el primer Gobierno de Aznar y que lo único que facilitó fue liberalizar y ampliar el suelo urbanizable, pero sin frenar el incremento galopante del precio de la vivienda (y… $$$); a lo largo del siglo XX en España se han venido reglamentando los derechos y obligaciones de la propiedad inmobiliaria a través de distintas leyes de suelo (1956, 1975, 1990, 1998…), normativas que constituyen el núcleo del Derecho urbanístico español y que regulan el derecho a edificar y el valor del suelo. La nueva Ley de Suelo, que entrará en vigor el 1 de julio de 2007, contempla disposiciones que tratan de frenar la especulación obligando a reservar un 30% del suelo urbanizable a la construcción de viviendas protegidas; también establece mecanismos de control y de incompatibilidades de cargos públicos en pro de la transparencia en la gestión. Pero lo cierto es que la nueva ley vela por los intereses de los ciudadanos sobre los de los promotores y especuladores urbanísticos, y no al contrario como ocurría con la anterior legislación.

La madre de esta ley, Mª Antonia Trujillo, Ministra de Vivienda, puede sentirse orgullosa de haber conseguido aprobarla con tan amplio consenso parlamentario. Efectivamente, plasmadas sobre el papel todas estas disposiciones normativas pueden resultar atractivas; lo difícil será hacerlas cumplir. Aunque estoy seguro de que con voluntad política (que más o menos existe), y con la colaboración y responsabilidad de la ciudadanía se conseguirá.

Hasta que se demuestre lo contrario Dña. Isabel Pantoja, la ‘bien-pagá’, goza de la presunción de inocencia, aunque sigue estando en el punto de mira del poder judicial… A estas alturas todo el mundo está muy susceptible y ya nadie duda de que lo ocurrido en Marbella está manchando la imagen de cualquier político español que lleve a cabo acciones urbanísticas, aunque no tenga intereses particulares. Creo que no todos los alcaldes y concejales son Giles, Muñozes o Rocas. Pero esperemos que el tiempo y la Ley ponga a cada uno en su sitio...